"Tenemos esperanza en que el TC admita este recurso y reabra los casos"
Raquel Rendón
MARÍA Sánchez es natural de Isla Cristina, pero se enamoró de un onubense, Manuel Mingorance, y en 1977 se trasladó a la casa de su suegra, en la capital, para convivir con su pareja. No llegaron a casarse. Fue entonces cuando aquella mujer "menudita" se quedó embarazada. Tenía 27 años y era primeriza. Le daba pánico el dolor del parto, así que se puso en manos del reputado ginecólogo que dirigía la clínica privada La Merced –sita en el Paseo de Independencia de Huelva– "porque eran pioneros en parto sin dolor", indica su hija, Belén Mingorance.
En la madrugada del 28 de marzo de 1978 rompió aguas. Su compañero no estaba en casa. Su suegra y su cuñado fueron los encargados de acompañarla a la clínica. Eran aproximadamente la 1:00. La atendieron una enfermera, actual esposa del ginecólogo, y la matrona, hermana del mismo, "quienes la metieron en el baño, le pusieron una pastilla debajo de la lengua y le pincharon" alguna suerte de "sedante que la dejó inconsciente". "A mi tío le dijeron que se fuera a casa, que como era primeriza tardaría en nacer".
María era "la víctima perfecta para un robo de niño: soltera (nunca quiso firmar un papel y casarse), sorda y analfabeta sola en la clínica". En el paritorio, tres personas, según la denuncia de la afectada: el médico, M.T.C., imputado por el juez que llevaba las riendas del caso y la matrona y la enfermera que la atendieron nada más llegar.
A la mañana siguiente Manuel Mingorance se presentaba en la clínica lleno de ilusión por ver a su retoño y a su mujer. Pero se topó con una realidad que no esperaba. "El ginecólogo le dijo que el bebé había muerto asfixiado, que era muy grande y pesaba seis kilos". Asegura Belén que su padre, fallecido hace ya 22 años, pidió ver el cadáver pero "el médico se negó en repetidas ocasiones". No obstante, tal fue su insistencia que finalmente le enseñaron a él y a las dos abuelas de la criatura "un niño a través de un cristal: mi padre siempre decía que no parecía un recién nacido sino más bien un niño de dos meses, y que le extrañó que estuviera sonrosado en vez de morado, lo lógico por la anoxia cerebral e insuficiencia cardiorrespiratoria" que reza en el legajo de aborto.
En paralelo, su mujer yacía en una cama. Recuerda María, según su hija, que "cada vez que hacía amago de abrir los ojos volvían a sedarla". No despertó hasta dos días después del parto. Estaba impoluta. Había dado a luz, supuestamente, a un niño que pesaba seis kilos, "pero no tenía desgarros ni le habían hecho cesárea". Afirma la hija de los afectados que tanto ella como sus dos hermanas, que nacieron con posterioridad, "nunca llegamos a pesar eso; la que más pesó fue 3,5 kilos". Son algunas de las muchas circunstancias que han hecho a la familia sospechar desde entonces, y hace ya 35 años de aquello, que es víctima de un robo de recién nacido.
Además, dice Belén, el parto costaba "entre 24.000 y 27.000 pesetas" de la época, pero "la clínica nunca llegó a pedirlos ni a cobrarlos", un gesto que en principio agradeció su madre.
Este caso, el de los Mingorance Sánchez, será clave en el futuro de las víctimas de presuntas sustracciones de neonatos en Huelva, a cuyos asuntos dio cerrojazo la Audiencia Provincial de Huelva el pasado noviembre tras abocarlos irremediablemente al archivo por prescripción, situación "que nos ha causado una gran indignación, impotencia y sensación de que se están vulnerando nuestros derechos", afirma Belén. Y es que este asunto, sobreseído desde el 6 de febrero, se ha convertido en protagonista del recurso de amparo que SOS Bebés Robados Huelva ha llevado ante el Tribunal Constitucional (TC) con la esperanza de que una luz ilumine el final de este tenebroso túnel por el que atraviesan los afectados.
La propia Belén tiene claro que ella no es más que "la cara visible de una búsqueda, porque la verdadera perjudicada fue mi madre; el procedimiento está ahora en manos del TC, que esperamos que lo admita y que reabra los casos, porque no sólo nos beneficiaría a nosotros, sino a todos".
El colectivo de afectados esgrime en el documento, presentado el pasado 7 de marzo, que "se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante" y recalca su "indefensión". El objetivo, lograr que el TC estime la imprescriptibilidad de los delitos y ordene la reapertura de diligencias en el juzgado "para continuar con la práctica de las pruebas oportunas para la imputación, enjuiciamiento y condena de los responsables de su comisión".
Durante el recorrido judicial del caso Mingorance en Huelva, el ginecólogo imputado "no acreditó historiales clínicos ni justifica la ausencia de documentación, afirma haber olvidado todo y no justifica por qué no llegó a cobrar por el parto pese a que dirigía una clínica privada", remarca literalmente el texto del recurso.
Pero existen más contradicciones o datos que, cuanto menos, no contribuyen a aclarar lo sucedido aquel 28 de marzo del 78 en la clínica La Merced. No coinciden la hora a la que les dijeron que falleció el bebé: las 8:00 (según informaron a los denunciantes) y las 11:30 (tal y como consta en el certificado de nacimiento). La clínica, además, "se hizo cargo del entierro" e indicó a la familia que la criatura, supuestamente una niña, sería "enterrada a los pies de un adulto" difunto, una práctica que, según los enterradores de La Soledad, no se llevaba a cabo.
En lo referente a la sepultura, se dan varias circunstancias "extrañas". El mismo día del hipotético fallecimiento del neonato "constan tres enterramientos tanto en el cementerio como en el negociado de la Casa Colón", afirma Belén. Pero ninguno de ellos está a nombre de su madre. El día 29 de marzo del 78 sólo aparece un entierro de feto "pero no en el cementerio y sí en la Casa Colón; además, sabemos que es el de nuestro hermano porque tiene asignado el número de colegiado del médico que atendió a mi madre".
Con todos estos datos en la mano, Belén y los suyos sólo esperan que se haga justicia y que, cuanto menos, pueda investigarse hasta el final qué pasó con la criatura. Ellos lo tienen claro: "Estamos convencidos de que nos robaron el bebé".
Raquel Rendón
MARÍA Sánchez es natural de Isla Cristina, pero se enamoró de un onubense, Manuel Mingorance, y en 1977 se trasladó a la casa de su suegra, en la capital, para convivir con su pareja. No llegaron a casarse. Fue entonces cuando aquella mujer "menudita" se quedó embarazada. Tenía 27 años y era primeriza. Le daba pánico el dolor del parto, así que se puso en manos del reputado ginecólogo que dirigía la clínica privada La Merced –sita en el Paseo de Independencia de Huelva– "porque eran pioneros en parto sin dolor", indica su hija, Belén Mingorance.
En la madrugada del 28 de marzo de 1978 rompió aguas. Su compañero no estaba en casa. Su suegra y su cuñado fueron los encargados de acompañarla a la clínica. Eran aproximadamente la 1:00. La atendieron una enfermera, actual esposa del ginecólogo, y la matrona, hermana del mismo, "quienes la metieron en el baño, le pusieron una pastilla debajo de la lengua y le pincharon" alguna suerte de "sedante que la dejó inconsciente". "A mi tío le dijeron que se fuera a casa, que como era primeriza tardaría en nacer".
María era "la víctima perfecta para un robo de niño: soltera (nunca quiso firmar un papel y casarse), sorda y analfabeta sola en la clínica". En el paritorio, tres personas, según la denuncia de la afectada: el médico, M.T.C., imputado por el juez que llevaba las riendas del caso y la matrona y la enfermera que la atendieron nada más llegar.
A la mañana siguiente Manuel Mingorance se presentaba en la clínica lleno de ilusión por ver a su retoño y a su mujer. Pero se topó con una realidad que no esperaba. "El ginecólogo le dijo que el bebé había muerto asfixiado, que era muy grande y pesaba seis kilos". Asegura Belén que su padre, fallecido hace ya 22 años, pidió ver el cadáver pero "el médico se negó en repetidas ocasiones". No obstante, tal fue su insistencia que finalmente le enseñaron a él y a las dos abuelas de la criatura "un niño a través de un cristal: mi padre siempre decía que no parecía un recién nacido sino más bien un niño de dos meses, y que le extrañó que estuviera sonrosado en vez de morado, lo lógico por la anoxia cerebral e insuficiencia cardiorrespiratoria" que reza en el legajo de aborto.
En paralelo, su mujer yacía en una cama. Recuerda María, según su hija, que "cada vez que hacía amago de abrir los ojos volvían a sedarla". No despertó hasta dos días después del parto. Estaba impoluta. Había dado a luz, supuestamente, a un niño que pesaba seis kilos, "pero no tenía desgarros ni le habían hecho cesárea". Afirma la hija de los afectados que tanto ella como sus dos hermanas, que nacieron con posterioridad, "nunca llegamos a pesar eso; la que más pesó fue 3,5 kilos". Son algunas de las muchas circunstancias que han hecho a la familia sospechar desde entonces, y hace ya 35 años de aquello, que es víctima de un robo de recién nacido.
Además, dice Belén, el parto costaba "entre 24.000 y 27.000 pesetas" de la época, pero "la clínica nunca llegó a pedirlos ni a cobrarlos", un gesto que en principio agradeció su madre.
Este caso, el de los Mingorance Sánchez, será clave en el futuro de las víctimas de presuntas sustracciones de neonatos en Huelva, a cuyos asuntos dio cerrojazo la Audiencia Provincial de Huelva el pasado noviembre tras abocarlos irremediablemente al archivo por prescripción, situación "que nos ha causado una gran indignación, impotencia y sensación de que se están vulnerando nuestros derechos", afirma Belén. Y es que este asunto, sobreseído desde el 6 de febrero, se ha convertido en protagonista del recurso de amparo que SOS Bebés Robados Huelva ha llevado ante el Tribunal Constitucional (TC) con la esperanza de que una luz ilumine el final de este tenebroso túnel por el que atraviesan los afectados.
La propia Belén tiene claro que ella no es más que "la cara visible de una búsqueda, porque la verdadera perjudicada fue mi madre; el procedimiento está ahora en manos del TC, que esperamos que lo admita y que reabra los casos, porque no sólo nos beneficiaría a nosotros, sino a todos".
El colectivo de afectados esgrime en el documento, presentado el pasado 7 de marzo, que "se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante" y recalca su "indefensión". El objetivo, lograr que el TC estime la imprescriptibilidad de los delitos y ordene la reapertura de diligencias en el juzgado "para continuar con la práctica de las pruebas oportunas para la imputación, enjuiciamiento y condena de los responsables de su comisión".
Durante el recorrido judicial del caso Mingorance en Huelva, el ginecólogo imputado "no acreditó historiales clínicos ni justifica la ausencia de documentación, afirma haber olvidado todo y no justifica por qué no llegó a cobrar por el parto pese a que dirigía una clínica privada", remarca literalmente el texto del recurso.
Pero existen más contradicciones o datos que, cuanto menos, no contribuyen a aclarar lo sucedido aquel 28 de marzo del 78 en la clínica La Merced. No coinciden la hora a la que les dijeron que falleció el bebé: las 8:00 (según informaron a los denunciantes) y las 11:30 (tal y como consta en el certificado de nacimiento). La clínica, además, "se hizo cargo del entierro" e indicó a la familia que la criatura, supuestamente una niña, sería "enterrada a los pies de un adulto" difunto, una práctica que, según los enterradores de La Soledad, no se llevaba a cabo.
En lo referente a la sepultura, se dan varias circunstancias "extrañas". El mismo día del hipotético fallecimiento del neonato "constan tres enterramientos tanto en el cementerio como en el negociado de la Casa Colón", afirma Belén. Pero ninguno de ellos está a nombre de su madre. El día 29 de marzo del 78 sólo aparece un entierro de feto "pero no en el cementerio y sí en la Casa Colón; además, sabemos que es el de nuestro hermano porque tiene asignado el número de colegiado del médico que atendió a mi madre".
Con todos estos datos en la mano, Belén y los suyos sólo esperan que se haga justicia y que, cuanto menos, pueda investigarse hasta el final qué pasó con la criatura. Ellos lo tienen claro: "Estamos convencidos de que nos robaron el bebé".
