El recurso contra un auto de Huelva sobre el robo de bebés llega hoy al TC
08.03.2013 09:10
RAQUEL RENDÓN HUELVA | ACTUALIZADO 08.03.2013 - 01:00
Los afectados esperan que declare permanentes los delitos y ordene reabrir los casos
RAQUEL RENDÓN HUELVA | ACTUALIZADO 08.03.2013 - 01:00 
SOS Bebés Robados Huelva da un paso al frente y lleva uno de sus casos ante el Tribunal Constitucional (TC). Será en la jornada de hoy cuando presente el recurso de amparo contra el auto dictado por la Audiencia de Huelva el pasado 6 de febrero por el asunto denunciado por M.B.M.S., basado a su vez en la resolución plenaria del 19 de noviembre de 2012 en la que el tribunal provincial decidió de forma unánime cerrar definitivamente los expedientes, al considerar que los delitos han prescrito si se dilatan más allá de 15 años desde el nacimiento del niño. Todos los procedimientos judiciales onubenses, por ende, se ven abocados al archivo sistemático sin que se pueda seguir investigando el verdadero calado de los mismos.
Huelva Información ha tenido acceso en primicia al recurso de amparo que hoy llegará a manos del TC y que ha sido elaborado minuciosamente por el letrado del colectivo en Huelva, José Luis Orta, con la colaboración puntual de los abogados Isaac Maestre y Enrique Vila Torres (vicepresidente de la Coordinadora X-24). El objetivo del documento, que pasará -o no-, previsiblemente, la exigente criba del Constitucional antes de que llegue el verano, "es luchar contra el cierre judicial de la investigación de los procedimientos en los juzgados", aclara la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo.
El recurso, de 27 páginas, tiene como percha el caso de M.B.M.S., quien presentó una denuncia el 29 de mayo de 2012 por la supuesta desaparición de su hermano en la clínica privada La Merced, procedimiento por el que fue imputado el ginecólogo propietario del paritorio, M.T.C. Apenas dos meses después, el 23 de julio, el instructor de la causa decretó el sobreseimiento de las actuaciones, al estimar que no había quedado acreditada infracción penal alguna y que, en el caso de haberla, habría prescrito. La demandante apeló a la Audiencia. La Sección Segunda, que siempre se mantuvo firme en el criterio de la prescripción -la Primera y la Tercera sí llegaron a reabrir algún caso antes de la unificación de doctrina-, desestimó el recurso.
El documento que SOS Bebés Robados Huelva presenta hoy ante el Alto tribunal remarca la "circunstancia paradójica" que se da en Huelva en relación a criterios como el de la Audiencia de Madrid, que dictó un auto el pasado 28 de septiembre en el que admite los delitos investigados como "permanentes", basados en una tipificación sobre el concepto de detención ilegal y fijando el plazo de su caducidad a partir del instante en que el propio bebé afectado tuviera conocimiento de lo sucedido.
"Madrid sienta las bases de un comportamiento procesal justo para quien no se ha podido defender durante tantos años, por inmadurez y por desconocimiento de que era víctima de un delito", reza en el recurso, que apunta por ende que existe un claro criterio diferenciador para el ciudadano, basado "en una cuestión meramente territorial, algo que atenta a los principios judiciales más básicos".
Entiende la asociación en el escrito de amparo que, por encima de la independencia de los jueces y sus decisiones, prevalece el artículo 24 de la Carta Magna: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión". Y la disparidad de criterios en un asunto de este calibre "es inaceptable y merecedor de que se pronuncie el TC".
Cita además la circular distribuida por la Fiscalía General del Estado en noviembre donde se exponen, entre otros, el carácter persistente del delito de detención ilegal y su no prescripción.
Asimismo, el recurso detalla que los casos de bebés robados cumplen los requisitos de los delitos permanentes: los autores (padres y coautores) pretenden que siempre se considere a los niños como hijos biológicos de sus falsas madres; los críos fueron inscritos en el Registro Civil como oficialmente biológicos y así permanecen (lo que le otorga carácter de actualidad); y, además, los autores, cómplices o encubridores podrían reparar en cualquier momento esta situación ilícita, "cosa que hasta el momento no se ha hecho".
En el caso que centra el recurso, para más inri, se da la circunstancia de que el ginecólogo "no acredita historiales clínicos ni justifica la ausencia de documentación, afirma haber olvidado todo lo referente al caso, no justifica por qué no llegó a cobrar por el parto pese a que dirigía una clínica privada".
El cierre prematuro de la instrucción deja en el aire, además, la no coincidencia entre las horas del supuesto fallecimiento del bebé (les dijeron que murió a las 8:00 y en el certificado de nacimiento figuran las 11:30), la aclaración de por qué la familia fue enviada a casa la noche del parto o la negativa de la clínica a mostrar el cadáver. SOS Bebés Robados Huelva agrega que no se han llevado a cabo las diligencias necesarias para que se dilucide por qué se les dijo que sería enterrado a los pies de un adulto, práctica que desmienten los propios enterradores de La Soledad; por qué no coinciden las fechas de fallecimiento del Registro Civil y el camposanto, y por qué en este último figura el propio enterramiento el mismo día de la supuesta muerte pese a que para la sepultura se exige un mínimo de 24 horas desde el fallecimiento. Tampoco pudo la familia del neonato asumir su entierro de forma privada, pese a que sí "fueron empujados a ponerse en manos de una clínica".
El principal fundamento de derecho del recurso subraya la trascendencia constitucional del asunto, ya que plantea una cuestión jurídica relevante de gran repercusión social para la que el TC no tiene doctrina, que la jurisdicción ordinaria resuelve de forma contradictoria y que no se centra en un caso aislado, sino en los más de 2.000 denunciados a día de hoy en territorio nacional.
Una vez legitimado el recurso de amparo, presentado en plazo y agotadas todas las posibilidades en la vía judicial (no es recurrible en casación ante el Supremo), SOS Bebés Robados Huelva esgrime que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante y recalca su indefensión. El propósito es que el TC estime la imprescriptibilidad de los delitos y ordene la reapertura de las diligencias en el juzgado "para continuar con la práctica de las pruebas oportunas para la imputación, enjuiciamiento y condena de los responsables de su comisión".
Huelva Información ha tenido acceso en primicia al recurso de amparo que hoy llegará a manos del TC y que ha sido elaborado minuciosamente por el letrado del colectivo en Huelva, José Luis Orta, con la colaboración puntual de los abogados Isaac Maestre y Enrique Vila Torres (vicepresidente de la Coordinadora X-24). El objetivo del documento, que pasará -o no-, previsiblemente, la exigente criba del Constitucional antes de que llegue el verano, "es luchar contra el cierre judicial de la investigación de los procedimientos en los juzgados", aclara la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo.
El recurso, de 27 páginas, tiene como percha el caso de M.B.M.S., quien presentó una denuncia el 29 de mayo de 2012 por la supuesta desaparición de su hermano en la clínica privada La Merced, procedimiento por el que fue imputado el ginecólogo propietario del paritorio, M.T.C. Apenas dos meses después, el 23 de julio, el instructor de la causa decretó el sobreseimiento de las actuaciones, al estimar que no había quedado acreditada infracción penal alguna y que, en el caso de haberla, habría prescrito. La demandante apeló a la Audiencia. La Sección Segunda, que siempre se mantuvo firme en el criterio de la prescripción -la Primera y la Tercera sí llegaron a reabrir algún caso antes de la unificación de doctrina-, desestimó el recurso.
El documento que SOS Bebés Robados Huelva presenta hoy ante el Alto tribunal remarca la "circunstancia paradójica" que se da en Huelva en relación a criterios como el de la Audiencia de Madrid, que dictó un auto el pasado 28 de septiembre en el que admite los delitos investigados como "permanentes", basados en una tipificación sobre el concepto de detención ilegal y fijando el plazo de su caducidad a partir del instante en que el propio bebé afectado tuviera conocimiento de lo sucedido.
"Madrid sienta las bases de un comportamiento procesal justo para quien no se ha podido defender durante tantos años, por inmadurez y por desconocimiento de que era víctima de un delito", reza en el recurso, que apunta por ende que existe un claro criterio diferenciador para el ciudadano, basado "en una cuestión meramente territorial, algo que atenta a los principios judiciales más básicos".
Entiende la asociación en el escrito de amparo que, por encima de la independencia de los jueces y sus decisiones, prevalece el artículo 24 de la Carta Magna: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión". Y la disparidad de criterios en un asunto de este calibre "es inaceptable y merecedor de que se pronuncie el TC".
Cita además la circular distribuida por la Fiscalía General del Estado en noviembre donde se exponen, entre otros, el carácter persistente del delito de detención ilegal y su no prescripción.
Asimismo, el recurso detalla que los casos de bebés robados cumplen los requisitos de los delitos permanentes: los autores (padres y coautores) pretenden que siempre se considere a los niños como hijos biológicos de sus falsas madres; los críos fueron inscritos en el Registro Civil como oficialmente biológicos y así permanecen (lo que le otorga carácter de actualidad); y, además, los autores, cómplices o encubridores podrían reparar en cualquier momento esta situación ilícita, "cosa que hasta el momento no se ha hecho".
En el caso que centra el recurso, para más inri, se da la circunstancia de que el ginecólogo "no acredita historiales clínicos ni justifica la ausencia de documentación, afirma haber olvidado todo lo referente al caso, no justifica por qué no llegó a cobrar por el parto pese a que dirigía una clínica privada".
El cierre prematuro de la instrucción deja en el aire, además, la no coincidencia entre las horas del supuesto fallecimiento del bebé (les dijeron que murió a las 8:00 y en el certificado de nacimiento figuran las 11:30), la aclaración de por qué la familia fue enviada a casa la noche del parto o la negativa de la clínica a mostrar el cadáver. SOS Bebés Robados Huelva agrega que no se han llevado a cabo las diligencias necesarias para que se dilucide por qué se les dijo que sería enterrado a los pies de un adulto, práctica que desmienten los propios enterradores de La Soledad; por qué no coinciden las fechas de fallecimiento del Registro Civil y el camposanto, y por qué en este último figura el propio enterramiento el mismo día de la supuesta muerte pese a que para la sepultura se exige un mínimo de 24 horas desde el fallecimiento. Tampoco pudo la familia del neonato asumir su entierro de forma privada, pese a que sí "fueron empujados a ponerse en manos de una clínica".
El principal fundamento de derecho del recurso subraya la trascendencia constitucional del asunto, ya que plantea una cuestión jurídica relevante de gran repercusión social para la que el TC no tiene doctrina, que la jurisdicción ordinaria resuelve de forma contradictoria y que no se centra en un caso aislado, sino en los más de 2.000 denunciados a día de hoy en territorio nacional.
Una vez legitimado el recurso de amparo, presentado en plazo y agotadas todas las posibilidades en la vía judicial (no es recurrible en casación ante el Supremo), SOS Bebés Robados Huelva esgrime que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante y recalca su indefensión. El propósito es que el TC estime la imprescriptibilidad de los delitos y ordene la reapertura de las diligencias en el juzgado "para continuar con la práctica de las pruebas oportunas para la imputación, enjuiciamiento y condena de los responsables de su comisión".