El fiscal jefe no ve viable exhumar tumbas en ningún caso de bebé robado
15.03.2013 23:14
Jesús Jiménez Soria asegura que sólo lo ordenaría en los supuestos "con datos suficientes para imputar a alguien"
RAQUEL RENDÓN HUELVA | ACTUALIZADO 15.03.2013 - 10:25
Decenas de denuncias de presuntos robos de recién nacidos en los hospitales públicos onubenses han pasado hasta la fecha por las manos del fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez Soria, quien examina en profundidad cada uno de los casos en busca de pruebas contundentes que deriven en imputaciones e impulsen las diligencias de investigación del Ministerio Público.
Hasta el momento, según indicó a este diario, "sólo en algunos hemos encontrado detalles más especiales, por lo que seguimos investigando", pero en el grueso de los asuntos "o aceptamos el archivo del juzgado o acabamos cerrando las diligencias porque no existen elementos sustanciales que permitan apoyar las manifestaciones" de las víctimas. Lo tienen difícil los afectados, teniendo en cuenta que a menudo los historiales médicos no les son facilitados o han sido destruidos (entre otras carencias documentales) y que prácticamente ningún testigo de la época recuerda nada de lo que supuestamente ocurrió en los paritorios. Pero también si el expediente prospera y acaba en el juzgado, porque el auto de la Audiencia de Huelva de noviembre concluye que los posibles delitos han caducado y los aboca al cierre definitivo.
El pasado diciembre la Fiscalía General del Estado (FGE) remitió a todas sus delegaciones provinciales, incluida la onubense, una circular en la que abogaba por la no prescripción de los delitos -cuyo eje central es el de detención ilegal- y en la que se autoriza a los miembros de la carrera fiscal a practicar exhumaciones en el cementerio en caso de que lo estimen pertinente.
Jiménez Soria, tras tres meses de análisis de las denuncias que tiene sobre la mesa, considera que "en este momento no hay en Huelva ningún caso que justifique pedir" el levantamiento en una tumba.
El Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Judicial elaboró un exhaustivo informe -que obra en poder de la Fiscalía- en el que figuran siete enterramientos cuya ubicación fue determinada en mayo del año pasado por los propios padres de aquellos neonatos supuestamente robados, quienes los sepultaron personalmente. El problema está en que todos los lugares señalados se hallan en la fosa común, "y no vamos a levantar una sepultura en la que hay cientos de cadáveres", argumentó Jiménez Soria. La excepción, en todo caso, estaría en aquellos supuestos "en los que hubiere datos suficientes para imputar a alguien y la exhumación sirviera para confirmar las pruebas". Por tanto, el fiscal jefe deja claro que "no nos negamos a ordenar las exhumaciones, sino que se tendrían que dar situaciones muy claras para impulsarlas: sabiendo la postura de la sala, tendríamos que tener la certeza total".
El pasado 6 de marzo, la asociación SOS Bebés Robados Huelva mantuvo una breve charla con Jesús Jiménez Soria en la que le trasladó la idoneidad de levantar las tumbas, con el objetivo de despejar todas las dudas que se ciernen sobre los casos. Los padres quieren saber si los restos cadavéricos que pudieran quedar en las cajas existen y, de ser así, si pertenecen a sus hijos o no. La postura del fiscal jefe, no obstante, es contraria: "No tenemos que abrir una tumba para conseguir pruebas, sino al revés; si tenemos pruebas, hay que levantarla para confirmarla".
Para la asociación, los criterios del fiscal jefe de Huelva "difieren mucho de los nuestros y ello implica una falta de colaboración a nuestra causa; respetamos su decisión pero no la compartimos pues, si no se abren esas siete tumbas cuya localización es exacta, no se podrá conocer nunca la verdad sobre dichos casos" .
El colectivo de víctimas de sustracciones de recién nacidos sumó a las propuestas de la Policía Nacional otra más, la de un enterramiento localizado en un nicho cuya denuncia Jiménez Soria "todavía no tengo ni he podido analizar".
La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, manifestó al respecto que "su colaboración nos permitiría quemar un último cartucho". Entendiendo que "exhumar en fosa común es complicado, le presentamos un caso de nicho, cuya verdad no se encuentra en la documentación sino en el interior de esa caja". De no recibir el respaldo de la Fiscalía para abrir esta sepultura, "la única opción que nos queda es hacerlo de forma privada, a través de un laboratorio", lo que estima es una "clara injusticia" derivada de "su falta de apoyo".
A su juicio, "es increíble la evidencia del miedo existente en Huelva a cargar contra aquellas personas que fueron y aún son conscientes de lo ocurrido; una pena", porque esto demuestra que "no hubo justicia entonces ni la hay ahora: estamos totalmente desamparados ante la Justicia".
Hasta el momento, según indicó a este diario, "sólo en algunos hemos encontrado detalles más especiales, por lo que seguimos investigando", pero en el grueso de los asuntos "o aceptamos el archivo del juzgado o acabamos cerrando las diligencias porque no existen elementos sustanciales que permitan apoyar las manifestaciones" de las víctimas. Lo tienen difícil los afectados, teniendo en cuenta que a menudo los historiales médicos no les son facilitados o han sido destruidos (entre otras carencias documentales) y que prácticamente ningún testigo de la época recuerda nada de lo que supuestamente ocurrió en los paritorios. Pero también si el expediente prospera y acaba en el juzgado, porque el auto de la Audiencia de Huelva de noviembre concluye que los posibles delitos han caducado y los aboca al cierre definitivo.
El pasado diciembre la Fiscalía General del Estado (FGE) remitió a todas sus delegaciones provinciales, incluida la onubense, una circular en la que abogaba por la no prescripción de los delitos -cuyo eje central es el de detención ilegal- y en la que se autoriza a los miembros de la carrera fiscal a practicar exhumaciones en el cementerio en caso de que lo estimen pertinente.
Jiménez Soria, tras tres meses de análisis de las denuncias que tiene sobre la mesa, considera que "en este momento no hay en Huelva ningún caso que justifique pedir" el levantamiento en una tumba.
El Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Judicial elaboró un exhaustivo informe -que obra en poder de la Fiscalía- en el que figuran siete enterramientos cuya ubicación fue determinada en mayo del año pasado por los propios padres de aquellos neonatos supuestamente robados, quienes los sepultaron personalmente. El problema está en que todos los lugares señalados se hallan en la fosa común, "y no vamos a levantar una sepultura en la que hay cientos de cadáveres", argumentó Jiménez Soria. La excepción, en todo caso, estaría en aquellos supuestos "en los que hubiere datos suficientes para imputar a alguien y la exhumación sirviera para confirmar las pruebas". Por tanto, el fiscal jefe deja claro que "no nos negamos a ordenar las exhumaciones, sino que se tendrían que dar situaciones muy claras para impulsarlas: sabiendo la postura de la sala, tendríamos que tener la certeza total".
El pasado 6 de marzo, la asociación SOS Bebés Robados Huelva mantuvo una breve charla con Jesús Jiménez Soria en la que le trasladó la idoneidad de levantar las tumbas, con el objetivo de despejar todas las dudas que se ciernen sobre los casos. Los padres quieren saber si los restos cadavéricos que pudieran quedar en las cajas existen y, de ser así, si pertenecen a sus hijos o no. La postura del fiscal jefe, no obstante, es contraria: "No tenemos que abrir una tumba para conseguir pruebas, sino al revés; si tenemos pruebas, hay que levantarla para confirmarla".
Para la asociación, los criterios del fiscal jefe de Huelva "difieren mucho de los nuestros y ello implica una falta de colaboración a nuestra causa; respetamos su decisión pero no la compartimos pues, si no se abren esas siete tumbas cuya localización es exacta, no se podrá conocer nunca la verdad sobre dichos casos" .
El colectivo de víctimas de sustracciones de recién nacidos sumó a las propuestas de la Policía Nacional otra más, la de un enterramiento localizado en un nicho cuya denuncia Jiménez Soria "todavía no tengo ni he podido analizar".
La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, manifestó al respecto que "su colaboración nos permitiría quemar un último cartucho". Entendiendo que "exhumar en fosa común es complicado, le presentamos un caso de nicho, cuya verdad no se encuentra en la documentación sino en el interior de esa caja". De no recibir el respaldo de la Fiscalía para abrir esta sepultura, "la única opción que nos queda es hacerlo de forma privada, a través de un laboratorio", lo que estima es una "clara injusticia" derivada de "su falta de apoyo".
A su juicio, "es increíble la evidencia del miedo existente en Huelva a cargar contra aquellas personas que fueron y aún son conscientes de lo ocurrido; una pena", porque esto demuestra que "no hubo justicia entonces ni la hay ahora: estamos totalmente desamparados ante la Justicia".