La asociación SOS Bebés robados Huelva se pronunció ayer al respecto de la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Huelva
20.11.2012 09:21
R. Rendón /huelva
La asociación SOS Bebés robados de Huelva se pronunció ayer al respecto de la decisión tomada por la Audiencia Provincial respecto a la detención ilegal y la prescripción de los casos a través de una nota de prensa en la que afirma que acata la resolución “por asumir que estamos en un país asentado en pilares democráticos, entre ellos el judicial, y las normas están para cumplir
las”. No obstante, dejó claro que “no compartimos en absoluto el criterio tomado por la Audiencia”.
Entre sus razones hace referencia al auto dictado por la Audiencia de Madrid el pasado 28 de septiembre, hace apenas mes y medio, en el que la Sección Primera, viéndose en la misma tesitura, “adoptó la decisión de declarar no prescritos los hechos y seguir adelante la investigación de los mismos”, por lo que, asevera el colectivo, “los criterios son los mismos que venimos defendiendo desde hace más de un año que comenzamos esta lucha”.
El hecho de que un recién nacido no pueda valerse por sí mismo “no implica que no tenga el derecho a la libertad individual. Cuando a ese bebé lo roban, no puede defenderse. La detención ilegal es un delito permanente y, como tal, comienza a contar su prescripción cuando el bebé robado es consciente de su situación”, indicó. “¿En que cabeza cabe que se le marque a un bebé recién nacido 15 años para que pueda investigar y depurar responsabilidades sobre lo que le ocurrió al nacer?”, se pregunta la asociación.
Asimismo, señala que las leyes definen el delito permanente como “aquel que continúa vigente después de su consumación y se prolonga en el tiempo. Es una forma de proteger los derechos de ese niño robado al nacer. Su capacidad jurídica no está formada, ni el conocimiento de lo que le ocurrió. Ponerle plazos a un recién nacido es cortarle las alas a un pájaro para que no aprenda a volar”.
Declarar prescritos los hechos y no permitir su investigación, afrima SOS Bebés Robados Huelva, “sólo beneficia a los delincuentes, a los profesionales sanitarios y religiosos que obraron mal y que ocultan sus miserias en el transcurso del tiempo”. Por ello estima que la Audiencia de Madrid respalda “una causa tan noble como justa. Y aquí nos cierran las puertas, nos impiden seguir”.
Las madres afectadas “difícilmente van a entender el concepto de la prescripción, ellas sólo quieren encontrar a su hijos y no vivir en un mundo de mentiras”. Pero lo que nunca van a admitir, prosigue, “bajo ningún concepto es que se les cuente que por haber parido en Huelva no tienen derecho a que se les escuche y en Madrid… sí”.
Entiende el colectivo que “se nos cierran las puertas de la Justicia como medio legítimo para conocer la verdad de nuestras vidas. Seguramente si quien decide archivar estos asuntos hubiera parido y le hubieran dicho en extrañas condiciones que su hijo había muerto, sin más, o que sus hijos no están enterrados en el cementerio, o que los papeles se contradicen brutalmente…, quizás interpretaría este asunto de otra manera”.
Por eso, casualmente, afirma la asociación, las mujeres que ostentan cargos en la judicatura (Huelva incluido) “son más propensas a intentar llegar hasta el final en la instrucción de los asuntos”.
Pese al duro golpe que ha supuesto para los afectados el auto de la Audiencia onubense, “seguiremos luchando fuera de la frontera judicial, aunque ello nos impida exigir que más de un sinvergüenza tenga que dar explicaciones ante un juez sobre las irregularidades de lo que ocurrió. Y que nadie olvide cual ha sido y será el motor que nos da fuerzas para seguir en esta lucha: las madres nunca mienten”.
Este diario contactó con la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, quien agregó al comunicado que, “aunque manteníamos la esperanza de que la Audiencia decidiera a nuestro favor tengo que decir que no nos ha sorprendido la decisión, ya que tenemos cada día más claro que la Justicia no puede apoyar que los procedimientos lleguen a su fin porque sería, de alguna forma, demostrar la suciedad que se esconde, algo sobradamente sabido por todos y eso no conviene”.
A su entender, los años transcurridos no serán una excusa para saber la verdad y, aunque el dictamen de la Audiencia “será una piedra más en el camino, no por ello tiraremos la toalla, porque nos sobran las fuerzas, el coraje y las ganas de luchar por saber dónde fueron a parar nuestros hijos, los que disfrutaron otras”.
Para uno de los afectados cuyo caso ya ha sido archivado por la Audiencia, Carmelo Macías, “esto es un palo para todos. ¿Para qué tanta lucha? Aquí no hay justicia”.
Entre sus razones hace referencia al auto dictado por la Audiencia de Madrid el pasado 28 de septiembre, hace apenas mes y medio, en el que la Sección Primera, viéndose en la misma tesitura, “adoptó la decisión de declarar no prescritos los hechos y seguir adelante la investigación de los mismos”, por lo que, asevera el colectivo, “los criterios son los mismos que venimos defendiendo desde hace más de un año que comenzamos esta lucha”.
El hecho de que un recién nacido no pueda valerse por sí mismo “no implica que no tenga el derecho a la libertad individual. Cuando a ese bebé lo roban, no puede defenderse. La detención ilegal es un delito permanente y, como tal, comienza a contar su prescripción cuando el bebé robado es consciente de su situación”, indicó. “¿En que cabeza cabe que se le marque a un bebé recién nacido 15 años para que pueda investigar y depurar responsabilidades sobre lo que le ocurrió al nacer?”, se pregunta la asociación.
Asimismo, señala que las leyes definen el delito permanente como “aquel que continúa vigente después de su consumación y se prolonga en el tiempo. Es una forma de proteger los derechos de ese niño robado al nacer. Su capacidad jurídica no está formada, ni el conocimiento de lo que le ocurrió. Ponerle plazos a un recién nacido es cortarle las alas a un pájaro para que no aprenda a volar”.
Declarar prescritos los hechos y no permitir su investigación, afrima SOS Bebés Robados Huelva, “sólo beneficia a los delincuentes, a los profesionales sanitarios y religiosos que obraron mal y que ocultan sus miserias en el transcurso del tiempo”. Por ello estima que la Audiencia de Madrid respalda “una causa tan noble como justa. Y aquí nos cierran las puertas, nos impiden seguir”.
Las madres afectadas “difícilmente van a entender el concepto de la prescripción, ellas sólo quieren encontrar a su hijos y no vivir en un mundo de mentiras”. Pero lo que nunca van a admitir, prosigue, “bajo ningún concepto es que se les cuente que por haber parido en Huelva no tienen derecho a que se les escuche y en Madrid… sí”.
Entiende el colectivo que “se nos cierran las puertas de la Justicia como medio legítimo para conocer la verdad de nuestras vidas. Seguramente si quien decide archivar estos asuntos hubiera parido y le hubieran dicho en extrañas condiciones que su hijo había muerto, sin más, o que sus hijos no están enterrados en el cementerio, o que los papeles se contradicen brutalmente…, quizás interpretaría este asunto de otra manera”.
Por eso, casualmente, afirma la asociación, las mujeres que ostentan cargos en la judicatura (Huelva incluido) “son más propensas a intentar llegar hasta el final en la instrucción de los asuntos”.
Pese al duro golpe que ha supuesto para los afectados el auto de la Audiencia onubense, “seguiremos luchando fuera de la frontera judicial, aunque ello nos impida exigir que más de un sinvergüenza tenga que dar explicaciones ante un juez sobre las irregularidades de lo que ocurrió. Y que nadie olvide cual ha sido y será el motor que nos da fuerzas para seguir en esta lucha: las madres nunca mienten”.
Este diario contactó con la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, quien agregó al comunicado que, “aunque manteníamos la esperanza de que la Audiencia decidiera a nuestro favor tengo que decir que no nos ha sorprendido la decisión, ya que tenemos cada día más claro que la Justicia no puede apoyar que los procedimientos lleguen a su fin porque sería, de alguna forma, demostrar la suciedad que se esconde, algo sobradamente sabido por todos y eso no conviene”.
A su entender, los años transcurridos no serán una excusa para saber la verdad y, aunque el dictamen de la Audiencia “será una piedra más en el camino, no por ello tiraremos la toalla, porque nos sobran las fuerzas, el coraje y las ganas de luchar por saber dónde fueron a parar nuestros hijos, los que disfrutaron otras”.
Para uno de los afectados cuyo caso ya ha sido archivado por la Audiencia, Carmelo Macías, “esto es un palo para todos. ¿Para qué tanta lucha? Aquí no hay justicia”.