La juez archiva la investigación sobre el duplicado de libros del cementerio
02.12.2012 11:19
SOS Bebés Robados Huelva recurre ante la Audiencia, que dictaminará si se reabre o no la causa · Los afectados piden que se deje trabajar a la Policía "hasta el final"
RAQUEL RENDÓN / HUELVA | ACTUALIZADO 02.12.2012 - 01:00
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Huelva ha archivado la causa referente a la transcripción de dos libros de registro de defunciones del cementerio de La Soledad al considerar que, "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" que motivó la formación del procedimiento. Así lo refiere la magistrada en un escueto auto al que ha tenido accesoHuelva Información y que ha echado el freno a las diligencias de investigación llevadas a cabo por el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional onubense.
SOS Bebés Robados Huelva no se ha quedado de brazos cruzados y ha presentado un recurso de reforma ante la Audiencia Provincial por el que le solicita "que la Policía pueda seguir investigando, que se acabe la instrucción y que, una vez que estén todas las piezas del puzzle sobre la mesa, decida la juez si existen o no indicios de delito", indicó a este diario el abogado del colectivo José Luis Orta.
La pretensión de los afectados es que no se quede nada en el tintero y las pesquisas lleguen "hasta el final" del asunto. De hecho, de reabrirse, la investigación irá orientada a dilucidar si se han manipulado datos durante el duplicado de los libros 1 y 3 de la oficina del camposanto de La Soledad (los originales han sido hallados hechos retales en el negociado del cementerio, en la Casa Colón), tal y como sospechan las víctimas, a través de la comparativa de los dos tomos nuevos con el registro antiguo. También habrá que despejar más dudas: quién ha transcrito los datos, por qué lo ha hecho y cuándo.
En este punto hay que recordar que la investigación del Grupo IV de la Policía Judicial de Huelva (SAF) parte de la declaración de la propia presidenta de SOS Bebés Robados, Esperanza Ornedo, quien recordó a este periódico que pidió a un enterrador el pasado febrero que le mostrara "el libro donde debía constar el enterramiento de mi hermana, del año 1968; una vez en mis manos observé que no era el mismo que me enseñaron meses atrás cuando fui a pedir la misma información y que la letra estaba a bolígrafo azul y reciente". El propio trabajador del cementerio "me dijo que se estaban transcribiendo los libros". A ella le resultó "extraño a estas alturas, coincidiendo con todo lo que está ocurriendo con el tema de los bebés". Tampoco entiende, dice, el por qué de este trasvase de datos cuando "ya el libro anterior del 68 estaba en perfecto estado". Por eso lo puso en conocimiento de la Policía.
Según el letrado José Luis Orta, hay que tener presente que la investigación parte de la iniciativa propia de los agentes del SAF y que "viene originada por la sospecha de que los libros se estén reescribiendo de nuevo en fechas recientes". A su juicio, es "mucha casualidad que dicho empeño se haga coincidiendo" con la aparición pública de la trama de bebés robados. Recuerda además que todavía hay "gente viva implicada en estos asuntos que pudieran tener responsabilidades".
La pelota vuelve a estar, una vez más, en el tejado de los magistrados del Tribunal provincial. En la investigación de los libros de registro de los enterramientos "no cabe hablar del auto de la Audiencia de Huelva" sobre los procedimientos de bebés robados, aclara Orta, ya que se refiere a fechas concretas para determinar que los posibles delitos cometidos han prescrito. Sin embargo, "aquí podemos remontarnos a años o incluso a meses", por lo que no se puede hablar de caducidad por cuanto se desconoce la fecha en que se han realizado las transcripciones.
Esperan los afectados que esta vez el pronunciamiento de la Audiencia de Huelva sí les sea favorable y obligue a la titular de Instrucción 3 a abrir puertas a la Policía "para investigar hasta el final y, en todo caso, si no hubiera fondo delictivo, que se archiven los asuntos, pero no antes", asevera el jurista. Por ello insiste en que, ya que "una gran mayoría de los juzgados de Huelva (a excepción del Instrucción 1) están dando la espalda a este asunto en todas sus vertientes, aquí no cabe la excusa de la prescripción pues los hechos no están datados. No entendemos por qué no se deja terminar una investigación policial".
Esperanza Ornedo, por su parte, remarca el buen hacer de los agentes del SAF de Huelva, una ardua y accidentada tarea que "espero que sirva de algo". Según la cabeza visible de SOS Bebés Robados en la provincia, "ya que la Audiencia se ha reído de nuestra causa, espero que no lo haga con la labor de la Policía y le permita continuar con la investigación".
Asimismo, quiso agradecer a los funcionarios del SAF "su trabajo y el interés puesto en este tema desde el principio: para mí ha sido muy importante que ellos hayan demostrado una realidad y no haya quedado en una dudosa declaración por mi parte".
La Policía Judicial concluyó tras los primeros pasos de la investigación que dos de los libros del cementerio, los tomos 1 y 3, han sido reescritos. Basa sus pesquisas en la importancia de los documentos que han sido manipulados, "la única fuente de información objetiva" para decenas de familias onubenses que buscan a sus hijos, hermanos o nietos. La desaparición o destrucción de estos volúmenes daría como resultado "la imposibilidad de acreditar datos como la fecha de enterramiento, la procedencia del feto o la identidad de la madre biológica".
SOS Bebés Robados Huelva no se ha quedado de brazos cruzados y ha presentado un recurso de reforma ante la Audiencia Provincial por el que le solicita "que la Policía pueda seguir investigando, que se acabe la instrucción y que, una vez que estén todas las piezas del puzzle sobre la mesa, decida la juez si existen o no indicios de delito", indicó a este diario el abogado del colectivo José Luis Orta.
La pretensión de los afectados es que no se quede nada en el tintero y las pesquisas lleguen "hasta el final" del asunto. De hecho, de reabrirse, la investigación irá orientada a dilucidar si se han manipulado datos durante el duplicado de los libros 1 y 3 de la oficina del camposanto de La Soledad (los originales han sido hallados hechos retales en el negociado del cementerio, en la Casa Colón), tal y como sospechan las víctimas, a través de la comparativa de los dos tomos nuevos con el registro antiguo. También habrá que despejar más dudas: quién ha transcrito los datos, por qué lo ha hecho y cuándo.
En este punto hay que recordar que la investigación del Grupo IV de la Policía Judicial de Huelva (SAF) parte de la declaración de la propia presidenta de SOS Bebés Robados, Esperanza Ornedo, quien recordó a este periódico que pidió a un enterrador el pasado febrero que le mostrara "el libro donde debía constar el enterramiento de mi hermana, del año 1968; una vez en mis manos observé que no era el mismo que me enseñaron meses atrás cuando fui a pedir la misma información y que la letra estaba a bolígrafo azul y reciente". El propio trabajador del cementerio "me dijo que se estaban transcribiendo los libros". A ella le resultó "extraño a estas alturas, coincidiendo con todo lo que está ocurriendo con el tema de los bebés". Tampoco entiende, dice, el por qué de este trasvase de datos cuando "ya el libro anterior del 68 estaba en perfecto estado". Por eso lo puso en conocimiento de la Policía.
Según el letrado José Luis Orta, hay que tener presente que la investigación parte de la iniciativa propia de los agentes del SAF y que "viene originada por la sospecha de que los libros se estén reescribiendo de nuevo en fechas recientes". A su juicio, es "mucha casualidad que dicho empeño se haga coincidiendo" con la aparición pública de la trama de bebés robados. Recuerda además que todavía hay "gente viva implicada en estos asuntos que pudieran tener responsabilidades".
La pelota vuelve a estar, una vez más, en el tejado de los magistrados del Tribunal provincial. En la investigación de los libros de registro de los enterramientos "no cabe hablar del auto de la Audiencia de Huelva" sobre los procedimientos de bebés robados, aclara Orta, ya que se refiere a fechas concretas para determinar que los posibles delitos cometidos han prescrito. Sin embargo, "aquí podemos remontarnos a años o incluso a meses", por lo que no se puede hablar de caducidad por cuanto se desconoce la fecha en que se han realizado las transcripciones.
Esperan los afectados que esta vez el pronunciamiento de la Audiencia de Huelva sí les sea favorable y obligue a la titular de Instrucción 3 a abrir puertas a la Policía "para investigar hasta el final y, en todo caso, si no hubiera fondo delictivo, que se archiven los asuntos, pero no antes", asevera el jurista. Por ello insiste en que, ya que "una gran mayoría de los juzgados de Huelva (a excepción del Instrucción 1) están dando la espalda a este asunto en todas sus vertientes, aquí no cabe la excusa de la prescripción pues los hechos no están datados. No entendemos por qué no se deja terminar una investigación policial".
Esperanza Ornedo, por su parte, remarca el buen hacer de los agentes del SAF de Huelva, una ardua y accidentada tarea que "espero que sirva de algo". Según la cabeza visible de SOS Bebés Robados en la provincia, "ya que la Audiencia se ha reído de nuestra causa, espero que no lo haga con la labor de la Policía y le permita continuar con la investigación".
Asimismo, quiso agradecer a los funcionarios del SAF "su trabajo y el interés puesto en este tema desde el principio: para mí ha sido muy importante que ellos hayan demostrado una realidad y no haya quedado en una dudosa declaración por mi parte".
La Policía Judicial concluyó tras los primeros pasos de la investigación que dos de los libros del cementerio, los tomos 1 y 3, han sido reescritos. Basa sus pesquisas en la importancia de los documentos que han sido manipulados, "la única fuente de información objetiva" para decenas de familias onubenses que buscan a sus hijos, hermanos o nietos. La desaparición o destrucción de estos volúmenes daría como resultado "la imposibilidad de acreditar datos como la fecha de enterramiento, la procedencia del feto o la identidad de la madre biológica".