Las causas, condenadas al sobreseimiento en Huelva
14.01.2013 19:54
El auto de la Audiencia cierra la puerta a los procedimientos, que no prosperarán
R. RENDÓN HUELVA | ACTUALIZADO 14.01.2013 - 01:00
El tratamiento en Huelva de los casos de bebés robados ha sido, cuanto menos, distinto al de cualquier lugar de España. En ningún otro emplazamiento se han llegado a contabilizar en los juzgados hasta 17 imputados, 13 en la actualidad después del goteo de cerrojazos a los procedimientos. Ni siquiera en Madrid, donde la única encausada hasta ahora es la monja María Gómez Valbuena, pese a que la capital de España constituía el centro neurálgico de la presunta trama de compraventa de recién nacidos en nuestro país.
Pero la decisión histórica tomada de forma unánime por la Audiencia Provincial de Huelva el pasado 19 de noviembre -en un pleno sin precedentes- acabará tumbando todo el trabajo llevado a cabo por la acusación particular, por los efectivos del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional y por la Fiscalía, que han conseguido que se citen como testigos o imputados a médicos, matronas y agentes para tratar de esclarecer los hechos denunciados por las víctimas de nuestra provincia. A otros implicados no los han llamado a declarar, sencillamente, porque ya habían fallecido. Y otros muchos profesionales se librarán de pasar el mal trago de imputaciones y testificales por asuntos en los que ya se había solicitado su presencia. Ahora todo quedará en agua de borrajas y las víctimas, los auténticos perjudicados, perderán la ocasión de conocer la verdad.
El tiempo juega en contra de los procedimientos, que están condenados a la muerte del sobreseimiento, puesto que la Audiencia Provincial no considera que en ninguno de ellos exista delito de detención ilegal y los relega al inevitable olvido de la prescripción.
Los jueces se parapetan ahora tras el auto del tribunal provincial para archivar las causas. Por mucho que sean recurridas, si se cierran provisionalmente, acabarán llegando a cualquiera de las tres secciones de Huelva y éstas les pondrán el punto y final definitivo.
De poco va a servir a las víctimas onubenses la circular emitida por la Fiscalía General del Estado el pasado 26 de diciembre a las delegaciones provinciales del Ministerio Público, un texto que pretende aunar criterios sobre los robos de bebés. Los fiscales, por tanto, podrán calificar las sustracciones de niños recién nacidos como detención ilegal, actividad delictiva que para la FGE reviste carácter permanente, "por lo que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad, aún cuando ya sea mayor de edad".
Los afectados de Huelva, más de un centenar, se aferran a cualquier iniciativa que les ayude a encontrar a sus seres queridos. El pasado jueves, unas 50 familias compulsaron en la oficina de Registro de la Subdelegación del Gobierno sus denuncias (de forma individual), adjuntándolas a una carta que va dirigida a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Con esta acción pretenden obtener una respuesta por parte de la Comisionada, que les tendió la mano hace unos meses. El resto de los denunciantes, una treintena, hará lo propio en los próximos días de la mano de los abogados de la asociación SOS Bebés Robados Huelva. Asimismo, el colectivo pedirá a la Fiscalía que impulse la exhumación de varias tumbas del cementerio de La Soledad.
Pero la decisión histórica tomada de forma unánime por la Audiencia Provincial de Huelva el pasado 19 de noviembre -en un pleno sin precedentes- acabará tumbando todo el trabajo llevado a cabo por la acusación particular, por los efectivos del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional y por la Fiscalía, que han conseguido que se citen como testigos o imputados a médicos, matronas y agentes para tratar de esclarecer los hechos denunciados por las víctimas de nuestra provincia. A otros implicados no los han llamado a declarar, sencillamente, porque ya habían fallecido. Y otros muchos profesionales se librarán de pasar el mal trago de imputaciones y testificales por asuntos en los que ya se había solicitado su presencia. Ahora todo quedará en agua de borrajas y las víctimas, los auténticos perjudicados, perderán la ocasión de conocer la verdad.
El tiempo juega en contra de los procedimientos, que están condenados a la muerte del sobreseimiento, puesto que la Audiencia Provincial no considera que en ninguno de ellos exista delito de detención ilegal y los relega al inevitable olvido de la prescripción.
Los jueces se parapetan ahora tras el auto del tribunal provincial para archivar las causas. Por mucho que sean recurridas, si se cierran provisionalmente, acabarán llegando a cualquiera de las tres secciones de Huelva y éstas les pondrán el punto y final definitivo.
De poco va a servir a las víctimas onubenses la circular emitida por la Fiscalía General del Estado el pasado 26 de diciembre a las delegaciones provinciales del Ministerio Público, un texto que pretende aunar criterios sobre los robos de bebés. Los fiscales, por tanto, podrán calificar las sustracciones de niños recién nacidos como detención ilegal, actividad delictiva que para la FGE reviste carácter permanente, "por lo que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad, aún cuando ya sea mayor de edad".
Los afectados de Huelva, más de un centenar, se aferran a cualquier iniciativa que les ayude a encontrar a sus seres queridos. El pasado jueves, unas 50 familias compulsaron en la oficina de Registro de la Subdelegación del Gobierno sus denuncias (de forma individual), adjuntándolas a una carta que va dirigida a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Con esta acción pretenden obtener una respuesta por parte de la Comisionada, que les tendió la mano hace unos meses. El resto de los denunciantes, una treintena, hará lo propio en los próximos días de la mano de los abogados de la asociación SOS Bebés Robados Huelva. Asimismo, el colectivo pedirá a la Fiscalía que impulse la exhumación de varias tumbas del cementerio de La Soledad.