Los afectados por robos de bebés pedirán el respaldo de la Defensora del Pueblo
24.12.2012 08:35
Los más de 80 onubenses que han denunciado podrán enviar cartas a Becerril para solicitarle que inste al Estado a reactivar la búsqueda
RAQUEL RENDÓN HUELVA | ACTUALIZADO 24.12.2012 - 01:00
Las víctimas de los presuntos robos de recién nacidos de Huelva -como las del resto de España- que hayan presentado denuncia por sus casos ante la Policía, la Fiscalía o el juzgado podrán solicitar en los próximos días por escrito y de forma individual el respaldo de la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, para que interceda y les ayude a encontrar a sus hijos o, en el caso de los adoptados que creen haber sido sustraídos, a sus padres biológicos.
Lo harán por carta y a través de un modelo único que ha diseñado el abogado del Colectivo Sin Identidad, Miguel Ángel Rodríguez Arias, para las 22 asociaciones de afectados del territorio nacional, incluida SOS Bebés Robados Huelva.
El propio Rodríguez Arias y el representante de Sin Identidad, Francisco González Tena, se reunieron el pasado 20 de noviembre con Becerril, un encuentro en el que le arrancaron el compromiso de hacer todo lo posible para localizar a aquellos neonatos desaparecidos durante la dictadura y hasta los años 90.
En Huelva, unas 80 familias, las que han presentado denuncia, son las que tendrán la posibilidad de enviar la carta a la Defensora del Pueblo, según indicó ayer a este diario la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo: "Becerril se comprometió a ayudarnos y esperamos que así sea, que se pronuncie sobre nuestros casos".
Lo harán por procedimiento administrativo, que se considera formalmente presentado a todos los efectos desde el mismo momento en el que el documento es sellado en Correos, como si se estuviese en el mismísimo registro de la institución.
Para esta gestión, es indistinta la situación penal del caso. Da igual que esté o no archivado o que la judicatura estime que está prescrito, ya que la iniciativa no tiene nada que ver con la vía penal. Como la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo no permite imponer sanciones a los culpables, la intención de esta acción simultánea es únicamente la de pedirle que se active la búsqueda y restitución de la persona, el principal fin de las víctimas.
En el cuerpo de texto del modelo documental para aquellos que buscan a sus hijos, los afectados dejarán claro que, pese a haber denunciado su caso, "ninguna autoridad del Estado ha llevado a cabo hasta la fecha ninguna búsqueda de mi ser querido desaparecido, agravándose por dicha indiferencia del Estado los sufrimientos que en mi familia hemos venido padeciendo de forma continuada con toda esta situación de angustia y espera sin fin, quedando nuestra vida familiar muy afectada", por lo que le piden que, como Alta Comisionada para la Protección y Defensa de los Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos "actúe con urgencia, y no permita que esta aberrante situación de omisión del deber de búsqueda por parte del Estado se siga produciendo".
El texto tipo para los adoptados que buscan a sus padres concreta que "a día de hoy sigo desconociendo hasta mi propio nombre real, y el nombre de mi madre, mi padre, mis hermanos, si los tengo, o el de cualquier otro familiar. Ni siquiera sé si mi padre o mi madre siguen con vida, o si saben que en realidad quien sí que sigue con vida soy yo". Y prosigue: "A pesar de la denuncia, hasta la fecha ninguna autoridad del Estado ha llevado a cabo ninguna búsqueda de mi familia biológica real; me siento dos veces víctima. Después de que unos criminales me separasen de mi verdadera familia y me robasen mi propio nombre e identidad cuando más indefensa me encontraba, cada nuevo día que pasa ahora sin ningún tipo de búsqueda es también otro día de vida familiar compartida que se me sigue robando, pero ahora por causa del Estado".
Lo harán por carta y a través de un modelo único que ha diseñado el abogado del Colectivo Sin Identidad, Miguel Ángel Rodríguez Arias, para las 22 asociaciones de afectados del territorio nacional, incluida SOS Bebés Robados Huelva.
El propio Rodríguez Arias y el representante de Sin Identidad, Francisco González Tena, se reunieron el pasado 20 de noviembre con Becerril, un encuentro en el que le arrancaron el compromiso de hacer todo lo posible para localizar a aquellos neonatos desaparecidos durante la dictadura y hasta los años 90.
En Huelva, unas 80 familias, las que han presentado denuncia, son las que tendrán la posibilidad de enviar la carta a la Defensora del Pueblo, según indicó ayer a este diario la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo: "Becerril se comprometió a ayudarnos y esperamos que así sea, que se pronuncie sobre nuestros casos".
Lo harán por procedimiento administrativo, que se considera formalmente presentado a todos los efectos desde el mismo momento en el que el documento es sellado en Correos, como si se estuviese en el mismísimo registro de la institución.
Para esta gestión, es indistinta la situación penal del caso. Da igual que esté o no archivado o que la judicatura estime que está prescrito, ya que la iniciativa no tiene nada que ver con la vía penal. Como la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo no permite imponer sanciones a los culpables, la intención de esta acción simultánea es únicamente la de pedirle que se active la búsqueda y restitución de la persona, el principal fin de las víctimas.
En el cuerpo de texto del modelo documental para aquellos que buscan a sus hijos, los afectados dejarán claro que, pese a haber denunciado su caso, "ninguna autoridad del Estado ha llevado a cabo hasta la fecha ninguna búsqueda de mi ser querido desaparecido, agravándose por dicha indiferencia del Estado los sufrimientos que en mi familia hemos venido padeciendo de forma continuada con toda esta situación de angustia y espera sin fin, quedando nuestra vida familiar muy afectada", por lo que le piden que, como Alta Comisionada para la Protección y Defensa de los Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos "actúe con urgencia, y no permita que esta aberrante situación de omisión del deber de búsqueda por parte del Estado se siga produciendo".
El texto tipo para los adoptados que buscan a sus padres concreta que "a día de hoy sigo desconociendo hasta mi propio nombre real, y el nombre de mi madre, mi padre, mis hermanos, si los tengo, o el de cualquier otro familiar. Ni siquiera sé si mi padre o mi madre siguen con vida, o si saben que en realidad quien sí que sigue con vida soy yo". Y prosigue: "A pesar de la denuncia, hasta la fecha ninguna autoridad del Estado ha llevado a cabo ninguna búsqueda de mi familia biológica real; me siento dos veces víctima. Después de que unos criminales me separasen de mi verdadera familia y me robasen mi propio nombre e identidad cuando más indefensa me encontraba, cada nuevo día que pasa ahora sin ningún tipo de búsqueda es también otro día de vida familiar compartida que se me sigue robando, pero ahora por causa del Estado".